Un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba pretende analizar el ordenamiento jurídico desde la perspectiva de una persona mayor, viendo las instituciones y figuras que se encuentran a su servicio, haciendo un estudio crítico de las mismas y detectando las lagunas y necesidades que no se encuentran cubiertas de un modo adecuado. Igualmente, se estudiarán otras figuras jurídicas que no están pensadas específicamente para este colectivo pero que pueden resultar útiles para el mismo. El proyecto ha sido incentivado con 87.000 euros por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El pasado mes de abril la ONU, a través de su departamento de Asuntos Económicos y Sociales, presentaba un informe sobre las implicaciones económicas y sociales del envejecimiento en la población. Según estas cifras, el número de personas mayores de 60 años se triplicará en el mundo en 2050 y superará por primera vez al de niños. Europa será la región donde la población estará más envejecida, ya que los mayores representarán un 21% del total, frente a un 15% de niños.

De acuerdo con las estimaciones de esta organización, España será el país con la población más vieja del planeta. En 2050 el mundo pasará de los 705 a los 2000 millones de ancianos. De esta forma, el envejecimiento progresivo de la sociedad suscita una serie de realidades y problemas que los juristas se ven en la obligación de atender. Así, las personas mayores, particularmente las dependientes y discapacitadas, presentan una serie de necesidades específicas tales como la vivienda, los alimentos, las cuestiones patrimoniales, etc., a las que el ordenamiento jurídico debe dar respuesta.

Reformas en el ordenamiento

Además de identificar los problemas jurídicos existentes relacionados con el colectivo de mayores (protección patrimonial, vivienda, atención de necesidades básicas, etc.), el proyecto también plantea el estudio de posibles soluciones jurídicas a problemas específicos que surgen en la realidad cotidiana de los ancianos (pensiones de seguridad social, pensiones no contributivas, protección penal, incapacitación, derecho a alimentos, etc.). El objetivo fundamental es contribuir a la mejora del sistema jurídico español mediante la propuesta de inclusión, si resulta preciso, de algunas modificaciones en el mismo.

Entre las leyes que serán objeto de estudio y análisis por parte de estos investigadores se encuentra la Ley andaluza 6/1999, del 7 de julio, de Atención y Protección de las Personas Mayores, así como la Ley 39/2006 del 15 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. En esta última se contempla la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) donde colaboren y participen todas las administraciones públicas. Su finalidad es proveer a las personas consideradas en situación de dependencia de una serie de prestaciones y servicios.

Así, la Ley 39/2006 contempla el derecho de estas personas a participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, así como a decidir sobre la tutela de su persona o bienes (en caso de pérdida de capacidad de autogobierno) y sobre el ingreso o no en un centro residencial. Igualmente, la ley se propone facilitar a las mismas una existencia autónoma en su medio habitual durante todo el tiempo que lo deseen y sea posible, a la vez que recoge su derecho a recibir prestaciones encaminadas a mejorar su autonomía personal (servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, centros de noche, etc.)

Por otro lado, las figuras jurídicas dedicadas a la protección del patrimonio de los ancianos resultan merecedoras de una especial atención si se quieren evitar abusos. En este sentido, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificajeto de estudio por parte del equipo dirigido por el profesor Gallego. Dicha Ley contempla interesantes figuras que pueden resultar de gran utilidad a las personas mayores, tales como la posibilidad del mandato preventivo, gracias al cual los mayores pueden designar a un futuro administrador de sus bienes siempre y cuando gocen de la ya mencionada capacidad de autogobierno; el contrato de alimentos; la figura de la autotutela, que permite a una persona en pleno uso de sus facultades señalar su preferencia sobre quién haya de ser nombrado tutor en el caso de necesitarlo en el futuro, etc.

Por último, está prevista la construcción de una página web que se alojará en el servidor de la Universidad de Córdoba y que contendrá toda la legislación y enlaces relativos a la tercera edad, la dependencia y las discapacidades. Se proyecta asimismo la publicación de diversos artículos doctrinales y monografías sobre distintos aspectos de la protección jurídica de las personas mayores: contrato de alimentos, patrimonio especialmente protegido, medidas negociales de autoprotección, vivienda, protección patrimonial, etc. Igualmente, se pretende la publicación de un manual o un libro con el título ‘Protección jurídica de la tercera edad’ en el que se hará una ordenación sistemática y unitaria de los problemas. Será un ‘vademecum’ de la protección en España de la tercera edad.

Ley de Dependencia

Aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de noviembre de 2006, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia puede beneficiar a españoles y residentes en territorio nacional declarados ‘dependientes’ por el órgano evaluador de la Comunidad Autónoma correspondiente. Según el texto, se considera ‘dependencia’ la situación permanente en la que se encuentran las personas que precisan ayudas importantes de otra y otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria (cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad esencial, reconocimiento de personas y objetos, orientación, entender y realizar tareas sencillas, etc.).


Entre los servicios a los que podrán acceder gracias a esta ley se encuentran los servicios de prevención de las situaciones de dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio (atención de las necesidades del hogar, cuidados personales), servicio de centro de día y de noche (centro de día para mayores, centro de día para menores de 65 años, centro de día de atención especializada y centro de noche) y servicio de atención residencial (residencias de personas mayores en situación de dependencia, centro de atención a personas en situación de dependencia en razón de los distintos tipos de discapacidad).

T.B. ( De " Andalucía Investiga")